Por Juan B Arrien / OPINIÓN
Los días 1, 2 y 3 de junio, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y las instituciones nacionales afiliadas, estamos desarrollando una serie de actividades, entre ellas una mesa redonda con el título “Políticas Educativas y Derecho a la Educación en América Latina y El Caribe.
En este contexto quisiera hacer una somera referencia analítica–reflexiva desde Centroamérica.
Respecto de las políticas públicas es importante destacar que éstas son globales, orgánicas, temporales y políticas, es decir, de Estado, más allá de cada gobierno y con participación de la ciudadanía.
El destinatario de las políticas públicas es la gente, la población, cada persona, cada ciudadano y ciudadana, lo que significa que se hacen realidad como derechos del ser humano, persona y miembro de la sociedad, persona por su naturaleza, sociedad por su funcionamiento.
Toda política pública en tanto adquiere sentido en los derechos humanos debe considerar como hilos conductores los principios y valores de la Declaración Universal y de todos los textos y declaraciones posteriores que destacan el principio de dignidad de toda la familia humana, el principio de no discriminación en todo su sentido y amplitud y el principio de participación ciudadana efectiva.
Las políticas públicas respecto del derecho a la educación se especifican en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1945), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1953). La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1953), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Adolescencia (1986) y los Objetivos del Milenio (2000).
Estos derechos sustentan las políticas educativas en el Proyecto Principal de Educación en América Latina y El Caribe (1981), la Conferencia Mundial de Educación para todos (1990) y las distintas Conferencias Mundiales emanadas de ella sobre Educación Especial, Educación de Adultos, Educación Superior, Educación Técnica, etc.
En Centroamérica, las políticas públicas y el derecho a la educación han constituido un recorrido interesante con acento particular en cada etapa de su desarrollo histórico. En las décadas 60, 70 y 80 el acento recayó en la masificación y democratización por cuanto la educación es un bien social y público, un derecho que a nadie se le puede negar.
A la democratización se unen con gran insistencia la calidad y eficiencia de la educación a las que por el pensamiento y obra de Paulo Freire se les añade el sentido de transformación social y de liberación con lo que adquiere gran fuerza el concepto de equidad. El vuelco hacia los aprendizajes realizado por la Conferencia Mundial de Educación para Todos (1990) ubica la calidad, eficiencia y transformación social en los aprendizajes, su relevancia y pertinencia.
De esta manera la democratización, calidad, eficiencia, equidad y pertinencia tienen un nuevo horizonte de referencia, el desarrollo humano, la educación para el desarrollo humano que se fortalece con los Objetivos del Milenio.
Las políticas públicas y el derecho a la educación se ha movido en dirección a esos grandes conceptos y referentes.
La globalización ha globalizado las políticas públicas respecto de la educación y el derecho de la gente a ser educada con grandes ventajas y profundas desventajas.
En esta encrucijada, Centroamérica y cada país se esfuerzan por garantizar y fortalecer en su propio contexto, la democratización, la calidad, la equidad, la pertinencia, la eficiencia y la capacidad transformadora de la educación como fuente de derechos sociales, culturales y políticos, y factor clave del desarrollo de nuestros países.
Los avances han sido significativos, en unos referentes más que en otros. Desde el año 2002 al 2010, el Ideuca ha llevado a cabo, junto con la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (Fomca), un observatorio en cada país sobre las Reformas Educativas y la Incidencia en Políticas Educativas en Centroamérica focalizando la atención en cuatro variables: equidad, calidad, formación de maestros, gestión. El Observatorio destaca grandes logros en cada una de las variables analizadas. Respecto de las políticas públicas y el derecho a la educación insta y presiona a mejoras importantes:
- Los cambios frecuentes en políticas educativas dificultan una acción de Estado más allá de cada gobierno.
- Articular e interconectar las políticas públicas con las políticas educativas.
- Profundizar la verdadera democratización de la educación.
- Conectar mejor la formación de los maestros, su dominio pedagógico-metodológico, sus condiciones laborales con la calidad de los aprendizajes.
- Ajustar más la pertinencia de los aprendizajes en relación con las necesidades del bienestar de la gente y del desarrollo del país.
- Acercar la eficiencia de la gestión pedagógica y educativa a los niveles requeridos para hacer efectivo el derecho de todos a una educación de calidad.
- Fortalecer la educación en favor de la movilización y de la transformación social.
- Estrechar la brecha entre la educación y las necesidades, aspiraciones y participación de la comunidad en el quehacer educativo.
- Acercar los aprendizajes a los avances del mundo globalizado y tecnificado.
- Invertir más y mejor en la educación para cumplir a cabalidad sus principios, fines y objetivos.
- Fundamentar y fortalecer la voluntad política compartida, consensuada, activa, eficaz y permanente para que las políticas públicas y las políticas educativas se conecten con resultados positivos.